Con carácter de urgencia, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley (PL) que busca mejorar los mecanismos del Estado para garantizar el cobro eficaz de reparaciones civiles a las empresas involucradas en casos de corrupción y permitir la continuidad de sus operaciones.
El D.U. 003 apenas logró retener la modesta suma de S/26 millones en fideicomisos, tal como reconoció el ministro de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, quien acompañó ayer a la titular del MEF, Claudia Cooper, al Parlamento.El D.U. 003 no permitía la continuidad de los proyectos.
Se desprende del citado proyecto de ley que las empresas involucradas en el caso “Lava Jato” podrán seguir operando sus respectivos proyectos de inversión, de modo que -según explicaciones desde el Ejecutivo- fluya la economía y la cadena de pagos sin contratiempos, y se evite perjudicar a trabajadores y proveedores.
Y lo más importante: se garantizaría la recaudación anticipada de un fondo para eventuales reparaciones civiles en favor del Estado. Los aspectos básicos de la norma propuesta por el MEF son los siguientes: establece, en lo sustancial, una medida cautelar ad hoc consistente en el cobro inmediato de la reparación civil a favor del Estado mediante la retención del 50% de las utilidades a las firmas que han confesado actos de corrupción, como Odebrecht, o estén sentenciadas por el Poder Judicial.
La retención también afectará a las empresas asociadas o consorciadas con las firmas corruptas, y a las empresas bajo investigación. En este último caso, explicó Cooper, se hará un procedimiento voluntario.
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