Cinco son los congresistas promotores de un proyecto de ley que busca que los ex altos funcionarios del Estado acusados de corrupción se acojan a la colaboración eficaz a cambio de reducir su sanción política. Se trata de la propuesta N°4153, que maximiza la lucha contra la corrupción en procesos de investigación y de acusación constitucional en el Congreso a través de la colaboración eficaz. Es decir, un funcionario denunciado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrá acogerse al beneficio para no ser inhabilitado en el cargo hasta por 10 años. Daniel Salaverry, Jorge del Castillo (APRA), Sergio Dávila (PPK), Gloria Montenegro (APP) y Edmundo del Águila (AP) impulsan la norma.
El proyecto pide modificar el artículo N°88 del Reglamento del Congreso, sobre el “procedimiento de investigación”, e incluir el inciso k), donde explica que los “funcionarios pueden invocar su colaboración oportuna y pertinente de la investigación para la reducción de la sanción política” que recibirán en la Subcomisión. En el artículo N°89, del “procedimiento de acusación constitucional”, se agrega el inciso d.8), que establece que “la Subcomisión tendrá hasta tres días hábiles” para aprobar o rechazar el pedido que realice por escrito el denunciado que pretenda allanarse para reducir la pena en contra. Y el inciso d.9), que señala que el funcionario tendrá mayor beneficio si colaboró “previamente ante una comisión investigadora”. Por lo tanto, se requiere que el colaborador entregue información fehaciente, con conocimiento de causa y también pruebas. Por otro lado, si el denunciado incumple con ello, perderá todo beneficio.
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