Tras el informe de alerta emitido por la Contraloría Regional de Trujillo, y al no haberse atendido a las recomendaciones respecto a tomar medidas correctivas en el contrato de tercerización del servicio de recojo de basura que firmó la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) con el Consorcio Trujillo Limpio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha iniciado las investigaciones correspondientes, a fin de dar con los responsables en este caso.
José Dioses Aponte, contralor regional de Trujillo, informó que hicieron llegar al Ministerio Público la información en la que comunican sobre “la transgresión a la normativa de contrataciones en el Concurso Público N° 01-2017-Segat e inacción por parte de los funcionarios del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat)”.
“Nosotros primero cursamos una alerta al señor alcalde, en la cual le hacíamos la precisión de que había soslayado la norma al no respetarse la integración de las bases a las ofertas, en lo cual debía mediar un plazo de siete días para que tome las decisiones correspondientes. Al no haber una respuesta también hemos hecho de conocimiento a la Fiscalía para que tome las medidas del caso”, sostuvo.
En respuesta, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito derivó el caso a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo para que inicie las investigaciones contra los que resulten responsables por “el presunto delito cometido por funcionario público en agravio del Estado”.
De esta manera, la Contraloría Regional de Trujillo dejó sentada su recomendación a la Fiscalía, advirtiendo una presunta irregularidad en el proceso.
El contralor además ha informado que espera que el alcalde Elidio Espinoza Quispe verifique el contrato y tome una decisión inmediata para subssanar el caso. Además, precisó que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) también ha observado el proceso.
“Si el alcalde dice que el Osce lo avala, esa es su responsabilidad. Por nuestra parte tenemos que velar por el cumplimiento de las normas y es lo que estamos haciendo. La norma del Osce precisa cuál es el plazo que debe mediar, y si sacan la cuenta, cuando otorgaron la buena pro habían pasado únicamente cuatro y no siete días y la misma Osce le observa”, detalla.
Finalmente, remarcó que de no tener una respuesta favorable del alcalde, iniciarán sus auditorías de cumplimiento.
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