En medio de la difícil coyuntura que atraviesa la institución que dirige, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, presentó al Congreso un proyecto para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). Sin embargo, la propuesta, que requiere 66 votos en el pleno del Congreso para su aprobación, ya cosecha críticas. La exprocuradora supranacional Delia Muñoz opinó que la iniciativa centraliza gran parte del poder de la Fiscalía en su titular. Por ejemplo, el proyecto propone que sea el fiscal de la Nación quien pida al Parlamento, al Ejecutivo, al Poder Judicial y a las entidades públicas la información o documentación necesarias para el accionar del MP, una función que antes no concentraba.
La iniciativa también postula que sea el titular de la Fiscalía quien designe a los fiscales penales —aunque a propuesta del fiscal supremo a cargo de ese subsistema— y proponga funciones como decidir acciones penales contra jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de su función. “Toda la línea es de centralización del poder, como que solamente una persona puede llevar adelante una institución. (…) El diseño de funcionamiento (del proyecto) es obsoleto, porque hoy lo que se hace es descentralizar y delegar funciones para permitir que las instituciones tengan flexibilidad y agilidad en su funcionamiento”, declaró. Agregó que la presentación de la iniciativa le parece “absolutamente inoportuna”, dadas las condiciones que atraviesa la institución en cuestión y las delicadas investigaciones que emprende en la actualidad.
Muñoz adelantó que la concentración de las funciones en la figura del titular del MP generaría problemas de funcionamiento, lo que ocasionará que el trabajo en dicha institución se vuelva ineficiente. “El fiscal de la Nación cumple mucha función administrativa y no mucha función jurisdiccional”, añadió. Asimismo, el proyecto propone la figura de la suspensión para los fiscales que cometen una falta grave, sanción que sería potestad del fiscal supremo de Control de Integridad.
También plantea que en caso de licencia o vacaciones del titular del Ministerio Público, este designe a un fiscal supremo que lo reemplace —en vez del fiscal supremo con más antigüedad— lo que, según Muñoz, se interpreta como la posibilidad de “escoger a un amigo que le cuide las espaldas”. Otra eventual disposición polémica es la referente a la prerrogativa que tendrán los representantes del MP para el cierre “temporal, parcial o total” de locales o establecimientos con fines de investigación. Solo si se trata de una afectación significativa, tal medida requeriría de una autorización judicial, como actualmente ocurre. Otro punto destacable del proyecto es aquel que busca establecer que solo se abrirá investigación preparatoria a funcionarios que gocen del privilegio del antejuicio cuando el MP reciba la resolución acusatoria del Parlamento.
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