La operación en la que se incautaron 9.000 tablares de madera esta semana en el recién creado Parque Nacional Sierra del Divisor (Ucayali y Loreto) demuestra que la declaración de zonas intangibles no impide que las actividades ilícitas, como la tala ilegal, persistan.
El 17% del territorio nacional (más de 22 millones de hectáreas) es intangible. Son 77 las áreas naturales protegidas por el Estado debido a su alto valor cultural, paisajístico y científico y a que su biodiversidad está en peligro de extinción. Sin embargo, pese a este estatus jurídico, al menos cinco de ellas están amenazadas por la minería y la tala ilegales.
Las áreas naturales protegidas alcanzan esta categoría luego de una evaluación técnica realizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y tras la opinión de representantes de otras entidades del Estado, del sector privado, de voceros de ONG y de comunidades de la zona. Luego de ser considerada área natural protegida, se elabora un plan maestro que fija los límites del área, las actividades que allí se pueden realizar y la responsabilidad de vigilancia de cada autoridad.
Este proceso puede durar varios años, tal como ha sucedido con el Parque Nacional Güeppi-Sekime y el Parque Nacional Sierra del Divisor. Ambos han tenido que esperar 15 y 9 años para ser categorizados.
Precisamente, este gobierno es el que ha logrado darles esa categoría. Un nivel que otras nueve zonas reservadas esperan alcanzar.
¿Por qué la demora? Según el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa, la política del Gobierno ha sido concluir los procesos iniciados para no crear áreas naturales “solo en el papel”. “Nosotros queremos un compromiso mayor: creo una zona reservada e inmediatamente establezco su comité de categorización y que se concluya”, dice.
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