Mientras diversos congresistas vapuleaban ayer al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, durante la interpelación que este enfrentó en el Pleno del Parlamento, el Ministerio Público concluía la preparación del acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht para su entrega al Poder Judicial (PJ), que deberá someterse a un control de legalidad para su aprobación final y vigencia. En efecto, durante una hora y media, Zeballos respondió las 21 preguntas del respectivo pliego. Sus respuestas, sin embargo, despertaron numerosas y duras críticas en la autora de la moción que lo llevó al hemiciclo, Yeni Vilcatoma, y sus compañeros de Fuerza Popular, así como también representantes del Apra e incluso Acción Popular.
Esta atmósfera de crispación en el Legislativo es considerada por el Equipo Especial “Lava Jato” un potencial riesgo para la homologación del acuerdo con la constructora brasileña. Es por ese motivo, según fuentes del Ministerio Público, que el fiscal José Domingo Pérez entregará hoy todos los tomos debidamente foliados y compaginados al Poder Judicial, trámite pendiente desde el pasado 15 de febrero, cuando se firmó el documento.
Por su parte, durante su presentación en el hemiciclo, el titular de Justicia abordó diversas criticas planteadas al convenio, el que, de acuerdo con los fundamentos de la interpelación, beneficiaría a la compañía brasileña.Sobre los cuestionamientos de su supervisión al procurador ad hoc del caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez Ramírez, replicó que si bien es titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), no puede influir en la labor de los defensores del Estado, pues -como enfatizó en más de una ocasión- son autónomos.
Sin confirmar la cifra de la eventual reparación civil para Odebrecht (que los trascendidos fijan en S/610 millones), sostuvo que ello no implica una reducción a la indemnización inicial estimada: S/3468 millones. “Afirmar que hubo rebaja en la reparación civil es incorrecto, teniendo en cuenta que el cálculo se realizó con un marco jurídico distinto (la Ley 30737, derogada por la Ley 4009, relativas al cobro de reparaciones) y comprendió otros proyectos (no incluidos en el acuerdo). Tal es así que la reparación inicialmente estimada, no presentada formalmente, correspondía al monto de reparaciones aplicables a todas las empresas ejecutoras”, manifestó.
Precisó que, en consecuencia, a los eventuales S/610 millones se sumarían los pagos del resto de partícipes en los delitos que involucran a Odebrecht en las cuatro obras en las que admitió el pago de coimas -Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde del Callao y Vía Evitamiento Cusco- y otras. Precisamente, en cuanto a la inclusión de solo estos proyectos en el acuerdo, Vicente Zeballos respondió que tal delimitación no le corresponde a la Procuraduría, sino a la Fiscalía. Además, aseveró que desconoce la fuente que señala a Odebrecht como propietaria de un patrimonio de 2500 millones de dólares -como una de las preguntas afirmaba- y que, en contraste, la Procuraduría Ad Hoc efectuó un análisis financiero de la constructora y determinó que este es negativo.
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