Solo unas horas hicieron la diferencia para que Alan García Pérez, expresidente de la República, pase de tener que rendir solo una manifestación, a enfrentar la imputación de dos delitos más en la investigación por el Metro de Lima, nuevos indicios que apuntan a que recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht por una conferencia que ofreció y, como si fuera poco, un pedido de impedimento de salida del país. En efecto, el líder aprista arribó ayer al país -procedente de España- minutos antes de las 6 a.m., con la intención de cumplir con la citación que le cursó el fiscal José Domingo Pérez Gómez, a cargo del mencionado caso. Horas después, a las 9:15 de la mañana, el exmandatario llegó a la sede del Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, donde se debía desarrollar la diligencia. Lo propio hizo su exministra Mercedes Cabanillas, quien, sin embargo, se retiró luego de unos instantes por sufrir una descompensación.
Unos 45 minutos después, aproximadamente a las 10:30 a.m., García Pérez salió del edificio fiscal y reveló a las decenas de periodistas que lo esperaban que no llegó a declarar. “No hubo presentación, se suspendió por segunda vez”, dijo brevemente a la prensa. El Ministerio Público, al respecto, no ofreció ninguna explicación oficial sobre esta dilación. Lo que entonces no sabía el líder aprista es que el fiscal José Domingo Pérez había solicitado al Poder Judicial que disponga el impedimento de salida del país del exmandatario por un plazo que, aún no se conocía.
Lo que sí trascendió es que el citado fiscal amplió la investigación a Alan García en el caso del tren eléctrico, tanto en su plazo como por los delitos que esta involucra. Mediante una disposición, el integrante del Equipo Especial “Lava Jato” extendió el tiempo de la pesquisa hasta el 30 de diciembre de este año. Asimismo, Pérez Gómez imputó dos nuevos delitos a García Pérez, pues al tráfico de influencia inicial sumó el de lavado de activos y contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
En este último también incluyó a Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Transportes del segundo gobierno aprista, y Oswaldo Plasencia Contreras, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). Fuentes de la Fiscalía refirieron a este diario que esta medida se adoptó, luego de que llegara información de Brasil que compromete al exgobernante con supuestos pagos ilícitos recibidos de la empresa Odebrecht.
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