Obras mal ejecutadas, pagos indebidos, servicios no entregados, compra de equipos que no reunían las características que exigían las bases, entre otros actos irregulares cometidos en diferentes entidades públicas ubicadas en Trujillo, han ocasionado un perjuicio económico por S/ 9’891,518.74 al Estado. La cifra la reveló ayer el titular de la Contraloría General de la República en la región La Libertad, Ronny Rubina Meza, al finalizar la audiencia públicas provincial denominada “La Contraloría Te Escucha”.
Rubina comentó que se obtuvo esta información después de realizar auditorías en entidad públicas como el Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Proyecto Especial Chavimochic (Pech), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) y el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT).
Rubina indicó que el mayor perjuicio económico se registró en Sedalib con un monto ascendente a 3 millones de soles. “Esto se debe a que las obras que ejecuta esta entidad son de montos considerables”, agregó Rubina. Cabe mencionar que la Contraloría emitió el informe de control N°016-2018, que se hizo a la obra de mejoramiento de los servicios turísticos de la plaza Mayor de Trujillo, cuyo presupuesto fue de S/ 3’113,485.31.
Otra obra que fue sometida a un control por parte de la Contraloría fue el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los canales San José Alto y la Concordia, en la provincia de Ascope. La obra estuvo a cargo del Gobierno Regional de La Libertad. De acuerdo a lo detallado, se pagó partidas en metrados no ejecutados por la construcción de dos canales que incumplían el expediente técnico contractual y por profesionales que no participaron en la ejecución de la obra. Tampoco se aplicaron penalidades y esto generó un perjuicio económico por S/ 1’970,014.84.
Ronny Urbina explicó que en los informes de control no solo se ha precisado el perjuicio económico que han generado las autoridades, sino que dependiendo de la naturaleza de la responsabilidades halladas en cada una de ellas, se ha recomendado a la Procuraduría iniciar las acciones legales y civiles según corresponda. Por ejemplo, en la obra mejoramiento de los servicios turísticos de la plaza mayor de Trujillo se dispuso iniciar acciones civiles contra once funcionarios. Mientras que en la obra de mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los canales San José Alto y la Concordia, en la provincia de Ascope, se recomendó iniciar acciones penales a siete funcionarios.
Ahora bien, el órgano de control regional ha precisado también que solo en el 2018 se ha inhabilitado a 89 funcionarios que laboraban en las entidades públicas antes aludidas. Los castigos se impusieron debido a que los funcionarios y servidores públicos incurrieron en faltas graves y muy graves. A cada uno de ellos los inhabilitó por diferentes periodos de tiempo, que va entre dos y cinco años.
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