La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por el legislador César Segura (Fuerza Popular), inició su segunda sesión extraordinaria a las 9:15 de la mañana, para debatir y votar el informe final presentado por el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú). La denuncia constitucional a cargo del parlamentario de izquierda, tiene como investigados al vocal supremo César Hinostroza Pariachi y a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez.
Durante la sustentación de hechos, Pacori indicó que de los 14 hechos que le pidieron investigar, ha podido acreditar 13.Sobre el suspendido juez César Hinostroza, indicó que cuando se desempeñó como juez de la Segunda Sala Penal habría sostenido diversas reuniones. «Estas acciones evidenciarían irregularidades en el tratamiento de procesos judiciales», señaló. En relación al exconsejero Julio Gutiérrez Pebe, explicó que participó en el nombramiento del fiscal Armando Mamani. «Esto a cambio de que el juez Walter Ríos intervenga en un proceso judicial vinculado a la empresa ENAPU», resaltó.
En esa misma línea, sostuvo que durante la presidencia de Orlando Velásquez en el CNM, se habría encargado a Walter Ríos preguntas para el examen de ascenso. En otro momento, Oracio Pacori señaló que Iván Noguera hizo gestiones con Walter Ríos para la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales «con la universidad Telesup, para favorecer a su esposa».
Mientras que el exconsejero Guido Aguila habría realizado gestiones para la mejora de la posición laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte del Callao. Durante la sustentación de Pacori, se presentaron audios y videos como pruebas. Así como la conformación de la posible estructura de la organización criminal. El informe sugiere destituir a los investigados, así como inhabilitarlos para ejercer función pública. Ahora queda pendiente el debate y la votación para que el informe pase a la Comisión Permanente.
Pacori, cabe destacar, entregó su informe final el 18 de setiembre, a pesar de que su plazo vencía el viernes 21 y aún se tenía previsto que el debate se dé el lunes 24. Dicho informe indica que los implicados incurrieron en presuntos delitos de corrupción de funcionarios e infracciones constitucionales en su actuación como supuestos integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
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