Finalmente, los ponentes encargados de evaluar las denuncias constitucionales interpuestas contra el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez y el congresista Héctor Becerril llegaron a una conclusión. El informe final, elaborado por el congresista Mario Mantilla (FP), ordena el archivamiento de la acusación contra Rodríguez. Mientras que el expediente sobre el fujimorista Becerril, que estuvo a cargo de César Vásquez (APP), recomienda su suspensión e inhabilitación en el ejercicio de la función pública por cinco años.
Según los informes que fueron entregados a la Subcomisión el último viernes 21 de setiembre. El informe de nueve páginas, elaborado por Mantilla, indica que no se ha probado que Duberlí Rodríguez haya incurrido en infracción constitucional en los principios de buena administración y lucha contra la corrupción. “No se ha probado que esté vinculado a actos de corrupción, directa ni indirectamente, de una organización criminal, o que sea parte de esta”, se puede leer en una de las conclusiones del informe.
Los hechos supuestamente incriminatorios contenidos en la denuncia presentada por Yeni Vilcatoma (FP),el 24 de julio, no fueron suficientes. A Duberlí Rodríguez se le acusa de haber sido incapaz de identificar focos de corrupción dentro del Poder Judicial cuando presidió la institución. Al respecto, el informe sustenta los descargos de Duberlí, y señala que conforme “al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las atribuciones del presidente del PJ son más representativas y de ejecución de acuerdos” y, por lo tanto, el control de la conducta y desempeño de los magistrados está a cargo de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).
A Duberlí se le imputa en la denuncia una supuesta vinculación con actos de corrupción de una organización criminal. Se le acusa por su participación en un almuerzo en “El Hawaiano” y por su asistencia a la casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo, vinculado a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.Sobre este tema, el informe del fujimorista Mantilla detalla que Rodríguez no ha negado haber estado en ninguno de los eventos, pero sí, dijo, los calificó como un descuido o falta de prudencia.
En otra parte del documento, se indica que era necesario encontrar evidencias de que en estas reuniones se concertaban o realizaban actos que puedan asociarse a una organización criminal. Sin embargo, no se ha logrado recabar elementos suficientes para establecer “la existencia de una organización criminal, ni que Duberlí haya participado en delitos de gravedad”.
La denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a cargo del oficialista Juan Sheput, presenta como pruebas los diálogos que no han sido puestos en duda por el denunciado, así como una grave afectación a la confianza que la sociedad deposita en el funcionario. Un escenario muy diferente tiene el informe de 47 páginas elaborado por el apepista Vásquez contra su colega Héctor Becerril. El informe no solo acusa al legislador “naranja” de tráfico de influencias y cohecho activo genérico, sino que también lo encuentra responsable de infracción a la Constitución en seis artículos.
Las denuncias presentadas contra Becerril coinciden en que este, el 1 de febrero de 2017, se habría reunido con el exconsejero del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, y Baltazar Morales, para pedirle a este último que vote por Julio Gutiérrez, quien postulaba a la presidencia del CNM. Es decir, que tuvo injerencia y presión para influir en la elección, vulnerando la independencia de la entidad.
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